HONDURAS Apertura
Sábado 28 de enero de 2012

Especialistas aplicarán a policías de Honduras el detector de mentiras

12:40 am  - Carlos Girón : 

Expertos extranjeros llegarán la próxima semana, aseguró el ministro Pompeyo Bonilla.

  • Medicina Forense les hizo pruebas antidopaje a elementos de la Policía Nacional que se ofrecieron voluntariamente el pasado 29 de noviembre de 2011.
  • El ministro Pompeyo Bonilla dijo que la población comenzará a ver resultados de la depuración.
Tegucigalpa,

Honduras

La entrega del proyecto de ley para depurar la Policía Nacional no es el único aviso de que la limpieza en la institución está por iniciar. El ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla , anunció más acciones para la semana que viene.

 El funcionario anunció que la aplicación del detector de mentiras se hará la próxima semana tras la llegada de un equipo técnico.  

 “Para la próxima semana tendremos listas las pruebas de polígrafo (detector de mentiras) que les aplicaremos a los miembros de la cúpula policial. Solo estamos esperando que se nos confirme la venida de un equipo técnico especialista”, explicó Bonilla en declaraciones a ‘Frente a frente’ dejando entrever que expertos internacionales comandarán la realización de estas pruebas.

 “Esto lo veo como una oportunidad de limpiar nombres. A mí se me han acercado altos oficiales y me han dicho: ‘Yo no tengo riquezas, no tengo nada que esconder’, pues bien, aquí está la oportunidad de que se les limpie el nombre a muchos”.

 Quieren dar respuestas

 Bonilla no amplió si estas pruebas serán públicas o transmitidas en tiempo real por los medios de comunicación, de tal manera que la población conozca las preguntas que se le hacen a cada oficial, cuáles son las respuestas y, lo más importante, cuáles son los resultados que va arrojando el ejercicio.

 Cabe recordar que, a finales de noviembre de 2011, la Secretaría de Seguridad les aplicó pruebas antidopaje a unos cuarenta oficiales de policía, incluyendo varios miembros de la actual cúpula policial. Los resultados de las mismas no se han conocido públicamente.

 Bonilla aseguró que todas estas acciones se hacen para dar respuesta al clamor de la sociedad hondureña por una Policía transparente y de acuerdo con el plan de depuración que ha empezado.

Consenso en el Congreso

 La comisión legislativa que dictamina la ley que crea la Comisión de Reforma de Seguridad Pública, CRSP, para intervenir a los operadores de justicia tiene casi terminado el documento final, que será aprobado la próxima semana por el Congreso Nacional.

 Dicha comisión pretende depurar y crear las políticas de cambio para la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, CSJ, con el afán de combatir la alta ola de criminalidad y de impunidad en el país.

 Para lograrlo, será preciso que la CRSP esté integrada por tres comisionados hondureños y dos extranjeros, que entre otras acciones podrán disponer la creación de un fiscal especial para que judicialice los casos de policías, jueces y fiscales que sean depurados y luego, ya en el campo judicial, un juez nacional se encargará de juzgarlos.

 Lo anterior fue informado por German Leitzelar, diputado que integra la comisión dictaminadora.

 El proyecto de ley fue presentado el jueves al Congreso por el secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla.

 En el artículo uno se crea “la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública como un órgano temporal e independiente, responsable  de diseñar, planificar y certificar el proceso de reforma integral de la seguridad pública, que incluye la propuesta de reforma de la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, así como las recomendaciones para la readecuación de la normativa legal relacionada”.

 No habrá dualidad

 Al consultarlo sobre aspectos específicos de dicha comisión, Leitzelar manifestó que la intervención no depende de suspender a ninguna autoridad inmediatamente, es decir al entrar la comisión, toda la cúpula policial y del MP seguirá en sus funciones.

 En el caso de la CSJ, que es otro poder del Estado, dijo que también se harán intervenciones necesarias y la Inspectoría de Tribunales entablará las acciones contra los miembros que resulten vinculados a delitos o faltas, pero si la misma Inspectoría no procede, la Comisión podrá actuar contra dichos funcionarios.

 En este caso se harán las recomendaciones, se supervisará y vigilará que el proceso se lleve adelante, pero aquí no suspende ni separa personal; es la Inspectoría.

 En cuanto a las funciones de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, dijo que deberá seguir en sus funciones porque tiene un rol en lo criminal y lo administrativo, relacionado con las faltas de los policías.

 “Las autoridades continúan operando normalmente, con la diferencia de que no hará separación de inmediato, sino evaluación, pero si alguien es denunciado o se le presume involucrado en un delito, se le suspende de su cargo sin destituirlo hasta investigarlo y si se le encuentra responsabilidad, se le debe deducir”.

 Crearán Fiscalía especial

 Dijo que la idea es crear una Fiscalía especial para que conozca los casos de los funcionarios señalados y que luego los judicialice justamente ante un juez nacional para no ir a los juzgados comunes porque no se pueden crear tribunales especiales.

 “Sería un procedimiento especial. Constitucionalmente no se pueden crear tribunales especiales, pero sí una Fiscalía especial y un juez nacional que conozca el proceso de estos casos”. Esto se haría con un reglamento que deberá emitir la comisión.

 Agregó que, en cuanto a los tres comisionados hondureños, ya se mencionan nombres de candidatos, entre ellos la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras , Unah, Julieta Castellanos, que además es proponente. Sobre los dos extranjeros, dijo que será una colaboración de países amigos al enviar a expertos.

 Agregó que un equipo técnico de extranjeros y hondureños ya hizo un diagnóstico de la problemática de la Policía; esta semana lo presentará y ese será el punto de partida de la comisión.

 El dictamen de esta nueva ley, dijo, no variará mucho en mucho en relación con el proyecto y este lunes estará listo.

 El proyecto de ley que crea la comisión interventora contiene solo diez artículos, pero ahí se establecen las funciones de los comisiones, los requisitos que deben cubrir para ser electos y el plazo de tres años que durará el proceso.

 La comisión investigará los bienes adquiridos durante los últimos diez años de los policías, incluyendo al cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad.

Presidente nombrará a los comisionados

  Tegucigalpa. Aunque las propuestas tienen diferentes orígenes, será el presidente de la República quien nombre a los comisionados que integrarán la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública.

 De acuerdo con el artículo seis del proyecto de ley que crea esta comisión, los miembros de la CRSP serán propuestos por los titulares del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y serán nombrados por el Presidente de la República.

Vea el PDF: Funciones y atribuciones de la CRSP

 Ejercerán sus funciones a tiempo completo de conformidad con lo que establezca esta ley.

 El artículo siete establece que esta comisión ejercerá funciones por un término de tres años, pero el Ejecutivo puede prorrogar su mandato.

 “Las propuestas que formule la comisión, que impliquen la creación, derogación o reforma de ley, se harán a través del Poder Ejecutivo. En lo que corresponde a los procesos de investigación, evaluación y sanción de miembros de la carrera policial, así como la aplicación de las pruebas de confianza, se harán a través de la Dirección de Investigación y Evaluación, la Dirección será asistida por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y por otros órganos competentes”, según la iniciativa.

Ver PDF: Los siete requisitos para ser comisionado hondureño

Según la exposición de motivos, la sociedad civil organizada y todos los diferentes sectores sociales han coincidido en la necesidad de una propuesta de reforma de la seguridad pública bajo el control social de la ciudadanía hondureña, que permita a todos los hondureños gozar del derecho a la Seguridad y una efectiva aplicación de la justicia.

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